Panamá, febrero 2026 – La renuncia de Isis Soto como fiscal segunda superior contra la Delincuencia Organizada en agosto de 2025 oculta un trasfondo turbio. Fuentes indican graves irregularidades en casos clave como Suntracs y Panamá Papers, en los que presumiblemente la propia fiscal habría intentado beneficiarse económica y políticamente, situación que poco a poco hizo insostenible su permanencia en el cargo por lo que se optó por una salida negociada y “decorosa” aceptando al mismo tiempo guardar un silencio cómplice, evitando un escándalo mayor en el Ministerio Público.
Irregularidades en el caso Suntracs
Soto investigaba a Genaro López y Saúl Méndez por estafa agravada y blanqueo en terrenos de Bastimentos. Tras su salida, López permanece en arresto domiciliario y Méndez prófugo, con alegatos de persecución política por protestas sindicales. Las fisuras en las pruebas –falta de trazabilidad sólida y presiones externas– sugieren que Soto priorizó su reputación sobre la verdad, callando para no hundir al sistema.
Panamá Papers y otros expedientes
En Panamá Papers, Soto rastreaba blanqueo vía Mossack Fonseca y sobornos de Siemens. Anomalías en evidencias internacionales y encubrimientos emergieron, icluso versiones de la defensa de que Soto pretendía obtener beneficios económicos a cambio de impunidad para los involucrados, situación que al salir a la luz motivó su renuncia negociada silenciosa –sin alertas públicas– posicionándola como partícipe involuntaria o consentida. El MP evitó el caos designándole una despedida amable, perpetuando la opacidad.
Expediente de empresario Mexicano
En México fue un escandalo mediático cuando un empresario al que le fueron confiscados sus bienes y cuentas, denuncio que la fiscal Isis Soto junto con Marcos Mosquera y Sandy Cedeño, formaban parte de un entramado de corrupción y extorsión que habría sido encabezado por el entonces vicepresidente José Gabriel Carrizo, hoy detenido e investigado por enriquecimiento injustificado.
Implicaciones para la justicia
Este pacto implícito protege a los intocables y debilita la lucha anticorrupción. Soto, al ser protegida por el sistema, se convirtió en engranaje de un mecanismo que prioriza la estabilidad sobre la impartición de justicia. El caso urge revisión independiente.
